El patriarcado contra las mujeres: sostén jurídico para madres protectoras

Hay momentos en los que la violencia deja de presentarse como una suma de “casos” y se revela como lo que es: una forma de violencia sistemática, una tela de araña que combina instituciones, relatos y castigos para devolvernos al lugar de siempre, y en ese paisaje el ámbito judicial —junto con otros dispositivos de intervención— se convierte en un campo de batalla donde se intenta restaurar un orden presentado como “natural”, apoyado en la familia como dogma, en el silencio como norma y en la obediencia como condición para no ser arrasadas.

Este crowdfunding nace para sostener económicamente cuatro procesos que, aunque distintos en su forma, dejan ver dos caras del mismo engranaje. Por un lado, la criminalización de mujeres que denuncian violencia y sostienen la protección de sus hijas, a quienes se les devuelve el golpe con estereotipos, sospecha institucional y castigo económico, intentando convertir la protección en culpa y la denuncia en ruina. Por otro lado, la intervención punitiva sobre maternidades que se salen del guión, cuando el sistema —a través de juzgados y/o servicios sociales— trata ciertas decisiones de vida, formas de crianza o modos de estar en el mundo como “riesgo”, y convierte esa etiqueta en herramienta de control: vigilancia, expedientes, separación, retirada; ahí se ve con claridad la reactualización del Patronato de la Mujer, esa vieja maquinaria que no necesita que haya delito para castigar, porque le basta con señalar una maternidad como “inadecuada” para disciplinarla.

Por eso pedimos apoyo aquí: porque no queremos que la justicia funcione como una pedagogía del miedo —si denuncias, si te sales del guion, si no obedeces, te lo quitamos todo—, y porque sabemos que la restauración patriarcal no solo busca silenciar a quien protege, sino también disciplinar a quien decide cómo maternar, con quién, y desde qué ética de vida.

A ti, si alguna vez pensaste: “si me pasara a mí, ¿quién me sostendría?”

A feministas que saben que el acompañamiento es un proyecto político.
A personas que trabajan en campos de la salud, intervención social, abogacía, psicología, y han visto cómo la institución puede volverse contra quien cuida.
A quienes no aceptan que la justicia funcione como pedagogía del miedo.

Y también, por supuesto, a quien quiera ayudar a Ana, Silvia, Celia y Mayra a sostener lo que ya han sostenido demasiado tiempo: procedimientos, recursos, sanciones, desgaste, estigma. No son “víctimas ejemplares”: son mujeres con trayectoria de lucha, y por eso mismo han recibido un golpe más duro.

Este proyecto está impulsado por La Laboratoria y la plataforma YoSíTeCreo, junto a las colectivas feministas Ariskas Vallekas, Feministas Prospe, y otras colectivas feministas aliadas.

La Laboratoria es un espacio de investigación militante y producción situada: juntamos palabra, análisis y sostén para que las luchas no queden aisladas ni sean trituradas por el relato dominante. Trabajamos construyendo marcos comunes, narrativas colectivas y herramientas que sirvan para la incidencia, la conversación pública y el cuidado político.

Nuestro trabajo de acompañamiento a las maternidades políticas no ha sido “mirarlas desde fuera”. Ha sido dejarnos transformar por lo que su lucha revela: cómo el poder judicial puede actuar como brazo de la restauración patriarcal cuando una madre rompe el mandato de silencio.

Tenemos una dilatada experiencia en acompañamientos feministas (escucha, red, orientación y sostén):

• articulación con colectivas y redes,
• elaboración de marcos y materiales públicos,
• y sostén de procesos largos (los que no se resuelven con un hilo viral).

Este crowdfunding no nace de la improvisación: nace del dolor acumulado y de una certeza política: tenemos una deuda con las madres protectoras, y la deuda también es material.

Nos parece importante asimismo destacar el caso de la asociación Infancia Libre como un ejemplo de violencia institucional y castigo económico al que se ha sometido a varias madres protectoras, y que solo es un ejemplo más de lo que denunciamos aquí.

El caso de la asociación Infancia Libre estalló en 2019 cuando varias madres vinculadas a este colectivo —que defendía los derechos de la infancia frente a la violencia paterna y la figura de las madres protectoras— fueron detenidas y acusadas de sustracción de menores.

La operación fue ampliamente difundida mediáticamente y utilizada en el contexto político contra Podemos, generando un fuerte estigma público. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y sectores del feminismo denunciaron que muchas de estas mujeres habían acudido a la justicia para proteger a sus hijes de situaciones de violencia, y que sus denuncias no fueron adecuadamente atendidas por la justicia patriarcal, mientras ellas fueron criminalizadas.

El proceso supuso separación forzosa de sus hijes y la custodia para los padres maltratadores, con prisión para las madres en algunos casos, por lo que ha sido señalado como una grave vulneración de derechos fundamentales, incluido el interés superior del menor.

La lucha de estas madres protectoras ha sido reconocida por organismos internacionales de derechos humanos, y algunas de estas madres fueron posteriormente indultadas por el Estado español tras su paso por prisión, evidenciando el impacto punitivo del sistema. Diversos colectivos sostienen que este caso ejemplifica cómo la falta de perspectiva de género y de infancia en el sistema judicial puede derivar en la criminalización de quienes intentan proteger.

Su persecución y represión fue un aviso a navegantes tras las fuertes luchas feministas en 2017 y 2018 en el estado español. El Tribunal Supremo ratificó la condena de sustracción de una de estas madres el 8 de marzo de 2024, fecha simbólica para el movimiento feminista.